En un paso clave dentro del proceso de modernización y reforma judicial que atraviesa la provincia, comenzó a funcionar hoy de manera oficial la nueva estructura unificada de la segunda instancia en los fueros Civil y Comercial Común y de Documentos y Locaciones del Centro Judicial Capital. El flamante cuerpo colegiado -concebido como una estructura de alzada más ágil para resolver apelaciones y acortar los plazos procesales- celebró de inmediato su primera deliberación interna, en la que la camarista Marcela Fabiana Ruiz fue elegida por unanimidad como presidenta del tribunal, acompañada por Luis José Cossio en la vicepresidencia.

La puesta en marcha de este diseño responde a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sancionada mediante la Ley N° 9.987 y reglamentada por la Corte Suprema de Justicia a través de la Acordada N° 830/26.

La normativa dispuso que la nueva Cámara de Apelaciones reemplace de manera definitiva a las cámaras separadas de ambos fueros, organizándose en cinco salas de tres miembros. Para asegurar una transición ordenada, el Máximo Tribunal había implementado desde el pasado viernes 28 de agosto una miniferia judicial con suspensión de plazos y sin atención al público -a excepción de amparos y urgencias-, período durante el cual se ejecutaron las adecuaciones informáticas, logísticas y de redistribución de expedientes sobre la base de un relevamiento de la Dirección de Estadísticas para garantizar una carga de trabajo equilibrada entre todas las vocalías.

El tribunal está integrado en total por 13 magistrados, distribuidos en sus respectivas salas: la Sala I está conformada por Laura Alcira David, Marcela Fabiana Ruiz y Álvaro Zamorano; la Sala II por María Dolores Leone Cervera, Benjamín Moisá -actualmente en uso de licencia- y María del Pilar Amenábar; la Sala III quedó asignada a Alberto Martín Acosta; la Sala IV reúne a Myriam Gisela Fajre, María Soledad Monteros y Florencia Natalia Presti; y la Sala V está compuesta por Carlos Enrique Courtade, Luis José Cossio y Rodolfo Marcelo Movsovich.

Los juicios que tramitaban en ambas Cámaras fueron distribuidos en la nueva estructura a partir de un informe elaborado por la Dirección de Estadísticas de la Corte, con el fin de que lograr una carga de trabajo equilibrada entre las Salas. Del mismo modo se diseñó un sistema de distribución proporcionada de las causas que ingresen a partir del 2 de septiembre.

Como pilar operativo del nuevo esquema, la Corte dispuso además la creación de la Oficina de Gestión Asociada de Apelaciones en lo Civil y Comercial y en Documentos y Locaciones N° 1, que funcionará como soporte de los magistrados de las cinco salas. Esta dependencia, cuya dirección quedó a cargo de la abogada Fedra Edith Lago, unificó al personal de la anterior OGA Civil con funcionarios y empleados de la Cámara de Documentos y Locaciones, bajo la órbita de la Oficina de Coordinación Estratégica de Planificación y Gestión y de la Oficina de Gestión Judicial del alto tribunal.

El 19 de junio, cuando se sancionó la ley, la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, Carolina Vargas Aignasse, explicó que uno de los aspectos más discutidos del proyecto es la incorporación del esquema de competencia multifuero. En ese sentido, sostuvo que la medida responde a un diagnóstico concreto sobre el funcionamiento de los tribunales. “Se conoce cuál es el flujo de expedientes que se manejan, principalmente en Civil y Comercial, Documentos y Locaciones”, afirmó. Según indicó, existe un “cuello de botella” en los juzgados civiles y comerciales de la Capital, situación que demandaría la creación de alrededor de seis nuevos juzgados para atender adecuadamente la carga de trabajo. Frente a esa realidad, Vargas Aignasse explicó que la decisión adoptada busca optimizar recursos existentes. “La decisión de la Corte es que es legal y, por cuestiones presupuestarias, hacer una competencia multifueros en el ámbito únicamente de estos dos juzgados para que quienes hoy son camaristas de Documentos y Locaciones adquieran la competencia de Civil y Comercial sin crear nuevos juzgados”, expresó. Además, aseguró que la medida permitirá ampliar competencias “sin perder calidad jurídica”.

Con este modelo, la justicia no penal tucumana consolida, según el deseo de la Corte, la separación tajante entre la tramitación administrativa y la función decisoria de los jueces, y marca el inicio de una etapa orientada a superar los cuellos de botella históricos y unificar criterios jurisprudenciales.